La medida beneficiaría a más de 350 mil voluntarios que hacen parte del subsistema nacional de primera respuesta.

Por Lina Fernández

Tomado de Firesfoundation.co

BTL Legal Group, en ejercicio del artículo 87[1] de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 393 de 1997, interpuso ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ypor intermedio de uno de sus socios, Jose Manuel Tenorio Ceballos,acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Salud y de la protección social, frente a la desatención de esta entidad a la obligación consagrada en los artículos 9 parágrafo 1de la Ley 1505 de 2012y 2 numeral 7 de la Ley 1562 de 2012.

Según el primero de los artículos anteriormente referidos,

“Los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana, así como sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad o civil, y su cónyuge compañero o compañera permanente, serán afiliados al régimen subsidiado en salud de forma prioritaria; salvo que sean cotizantes o beneficiarios del régimen contributivo.

Adicionalmente los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana serán afiliados al Régimen de Riesgos Profesionales (ARP) y gozarán de todos sus beneficios.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Protección Social en un término no mayor a seis (6) mesescontados a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará las condiciones especiales de acceso a los programas del presente artículo”.

Por su parte, el segundo de los artículos afirma que, los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta son afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales, en cuyo caso, el pago de la afiliación estará a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la normatividad pertinente.

En consecuencia, en la acción de cumplimientoinstaurada por la firma, se solicitó al juez ordenaral Ministerio de Salud y Protección Social, cumplir con estas disposiciones.Es decir, compeler a la entidad para que reglamente las condiciones especiales de acceso al SistemaGeneral de Riesgos Laborales que se impondrían a los voluntarios activos de la DefensaCivil Colombiana, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana.

La acción fue admitida en marzo de 2019 y decidida mediante Sentencia del 2 de abril de 2019 proferida por el Tribunal en mención que rechazó la demanda, al encontrarla improcedente, pues a su juicio, acatar la obligación derivada de las normas en comento, suponía el establecimiento de un gasto, siendo este un requisito de improcedencia de la acción de cumplimiento.

En razón a ello, BTL impugna el fallo ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, quien, mediante Sentencia del 22 de mayo de 2019, revocó el fallo de primera instancia, para acoger los fundamentos dados en la acción de cumplimiento y ordenar al Ministerio de Salud y la Protección Social regulelas condiciones especiales de acceso de los voluntarios activos de la Defensa Civil,los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana al Sistema General de Riesgos Laborales, en un término máximo de tres (3) meses.

La impugnación del fallo se fundamentó en aclarar que el parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012 no establecegasto alguno, pues no implica la asignación de presupuesto. Así, en el caso se presentan dos situaciones: por un lado, no es posible desconocer que todadisposición, para su materialización,tiene un impacto económico, y por otro, ello no significa el establecimiento propiamente dicho de un gasto. Lo cual se deriva del mismo contenido de la norma, pues la obligación allí establecida consiste en imponer a cargo de unsujeto pasivo determinado el deber de reglamentar la forma de afiliación, cotización,ingreso base de cotización y de liquidación y condiciones especiales de acceso alSistema General de Riesgos Laborales (SGRL). En efecto, el verbo “reglamentar” significa completar, precisar o detallar, y, por ende, no implica la realización de apropiaciones presupuestales. Aunado a ello, el referido artículo no versa sobre la entidad o persona que debe pagar las cotizaciones a riesgoslaborales, pues esto ya fue definido por la Ley 1562 de 2012. De acuerdo a lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que la acción era procedente al haberse constituido la entidad accionada en renuencia, con lo cual se agotaba el requisito de procedibilidad. Además, encontró que, efectivamente, la norma no implica el establecimiento de un gasto, pues “la orden imperativa contenida en la norma es la función dereglamentación” [2], en virtud de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social “debe expedir el decreto queestablezca las condiciones de acceso al SGRL”[3], obligación que se encuentra incumplida desde julio de 2012. De esta manera,

“El Ministerio de Salud no puede evadir su deber legal con el argumento de que requiere aprobación por parte de otras entidades, pues esto no está consagrado en la norma incumplida y para ello contó con el término que la propia Ley 1505 de 2012 le otorga. Esta es tajante al fijar ese deber a su cargo. Tampoco puede confundir la función de reglamentar, con las obligaciones que surjan de la expedición del decreto que se solicita, pues la primera de estas, que es la que se alega desacatada, no implica el establecimiento de gasto como lo manifestó en la contestación. No hay que olvidar que aquello que se considera incumplido está estrechamente atado a los derechos constitucionales y convencionales más elementales de los trabajadores y a la implementación y acceso efectivo de las garantías propias del Sistema de Seguridad Social, constricción que no puede quedar condicionada a la voluntad de una cartera ministerial o a la generación de acuerdos entre varias autoridades gubernamentales”[4].

Conforme a los anteriores presupuestos, la Sección Quinta del Consejo de Estado revoca el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valledel Cauca, “para en su lugar declarar que el Ministerio de Salud ha incumplido elparágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 1505 de 2012, por las razones expuestas en laparte motiva de esta sentencia” y ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentar “lascondiciones especiales de acceso de los voluntarios activos de la Defensa Civil, losCuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana al Sistema General de RiesgosLaborales, en un término de tres (3) meses a partir de la ejecutoria de esta decisión”[5].

Producto de la anterior decisión, el Ministerio de Salud y Protección Social propuso en días pasados proyecto de decreto para discusión en su página web[6], por el cual se busca adicionar al Libro 2 de la Parte 9 del Decreto 780 de 2016 (Decreto único reglamentario del sector salud), un título que reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) de los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta. El proyecto de decreto regularía dicha afiliación de la siguiente manera:

  • La afiliación y pago de aportes al SGRL de los voluntarios acreditados y activos se haría a través de las Direcciones Generales de las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, y debería realizarse ante la ARL en la cual la entidad del Subsistema esté afiliada, diligenciando el formulario único de afiliación, novedades y retiro al Sistema.
  • La afiliación y pago de aportes al SGRL no generará vínculo laboral.
  • La activación de la afiliación se dará en el momento en que la entidad del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta, informe a la ARL, a través del formulario único, la relación de los voluntarios acreditados y activos que hayan sido convocados para atender situaciones de emergencias, calamidades, desastres y eventos antrópicos, el mismo día en que se presente el evento o máximo al día siguiente a la convocatoria. Al finalizar el hecho generador, deberá informar tal novedad a la ARL. No obstante, la afiliación de estas personas será en forma permanente.
  • Los voluntarios acreditados, activos y convocados tendrán derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que reconoce el SGRL.
  • El pago de los aportes al SGRL se hará a través de PILA, por parte de las Direcciones Generales de las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta con los recursos que le hayan sido girados por el Ministerio del Interior o través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La cotización se realizará sobre la base de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
  • Finalmente, el proyecto de decreto da un plazo de implementación de tres (3) meses para realizar las respectivas adecuaciones.

Lo anterior constituye una noticia de un enorme impacto para más de 350 mil voluntarios que hacen parte del subsistema nacional de primera respuesta, beneficiando de manera significativa en la protección de los riesgos de accidente, enfermedad, invalidez y muerte que puedan sobrevenir con causa u ocasión de las actividades que desarrollan como voluntarios al servicio de la comunidad y que son de vital trascendencia en la atención de emergencias.

Celebramos la protección de personas que ponen a disposición de todos los colombianos su vida e integridad física, en los momentos en que la sociedad más lo necesita.



[1] Su propósito es “hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo”.

[2] Sentencia de la Sección Quinta de laSala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado, del 22 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-33-000-2019-00180-01. Actor: José Manuel Tenorio Ceballos. M.P.:  Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

[3]Ibidem.

[4]Ibidem.

[5]Ibidem.

[6]El proyecto de decreto se puede encontrar en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Proyecto%20Decreto%20Por%20el%20cual%20se%20adiciona%20al%20Libro%202%20de%20la%20Parte%209%20del%20Decreto%20780%20de%202016.pdf

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